La Dirección de Derechos Humanos del municipio recibió esta semana a los últimos cuatro migrantes retornados bajo el Programa Permanecer en México de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), antes de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara su eliminación, dio a conocer Santiago González Reyes titular de la dependencia.
“Desde que se reactivó este programa el pasado 5 de diciembre del 2021, nosotros recibimos en el albergue municipal Kiki Romero a mil 350 personas, la mayoría de ellos fueron hombres que viajaban solos”, dijo el derechohumanista.
Explicó que de acuerdo a la información que ha recibido por parte de los organismos internacionales que atienden el tema de la migración, aún permanecen en esta frontera 300 personas en situación de movilidad que fueron retornados bajo ese programa, pero una vez que crucen para atender su proceso en Estados Unidos, ya no volverán a Ciudad Juárez.
El director de Derechos Humanos del municipio expuso que la terminación del Programa Permanecer en México de los Protocolos de Protección a Migrantes no cambiará los flujos migratorios, aunque habrá que esperar su comportamiento, lo que sí cambia es el lugar donde esperan la resolución de su petición de asilo.
Preciso que es muy probable que los apoyos que ofrecían los organismos internacionales que atienden la migración, serán retirados y esto afectará a la red de albergues que hay en Ciudad Juárez, pues en los últimos 10 días se han cerrado cuatro espacios, algunos por mal funcionamiento y otros por la falta de recursos e insumos.
El programa conocido comúnmente como “Quédate en México” y formalmente como Protocolos de Protección al Migrante, se aplicó desde el 2019 a las personas que salieron de un tercer país y viajaron a través de México para llegar a la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo.
González Reyes indicó que de acuerdo a los organismos internacionales, la probabilidad de éxito para que un migrante reciba asilo en los Estados Unidos es de un 3 por ciento, ya que tendrá que demostrar con pruebas ante un juez, que su vida corre peligro y que el Estado no los puede proteger.