El 3 de diciembre de 2018, dos días después de tomar protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CVAJ) Ayotzinapa , con la que hizo la promesa de esclarecer los hechos y garantizar justicia a los jóvenes y sus familiares.
Bajo la administración del priista se confeccionó la llamada “verdad histórica”, la cual fue desmentida en el actual gobierno, al asegurar que la noche y madrugada de septiembre se trató de un crimen de Estado .
En agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos y encargado del caso, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa en el cuál se concluye que en la muerte y desaparición de los estudiantes hubo una colusión entre autoridades federales, estatales y municipales con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
¿Cuáles son la claves de este caso a partir del informe presentado por la Comisión de ña Verdad? Aquí algunas de ellas:
Desaparición en cuatro etapas
Dado un análisis de llamadas telefónicas y mensajes, la investigación arroja que la desaparición de los 43 jóvenes se dio en cuatro etapas:
- Salida de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos y su decisión de ir a Iguala.
- El traslado y llegada a Iguala, rancho de cura y central de autobuses.
- La salida de la central de autobuses y el inicio de la violencia.
- La desaparición de los 43 jóvenes.
Inicialmente se había informado que los estudiantes tenían la intención de “boicotear” el informe que ofrecería María de los Ángeles Pineda como titular del DIF, sin embargo, la información de la Comisión refiere que los estudiantes tenían el objetivo de tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México para participar en la movilización del 2 de octubre para conmemorar un año más de movimiento estudiantil de 1968.
En una de las tres hipótesis para explicar la violencia contra los jóvenes, se dice que a los estudiantes se les detuvo con la intención de “darles una chinga” porque el presidente municipal José Luis Abarca no quería disturbios, además que buscaba recuperar “la mercancía”, que se señala pudo ser droga o dinero y la cual venía en el quinto camión tomado por los jóvenes.
En las conversaciones captadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), del 27 de septiembre de 2014, se halló que José Ángel, uno de los líderes de Guerreros Unidos le comunica a su hermano Adán, que “se metieron los contras con los Ayotzinapas”. “Se nos metieron los contras con los Ayotzinapas y hubo un vergaseraaa (sic)”.
Asimismo en otra declaración, de Sidronio N, exlíder del grupo criminal Guerreros Unidos, se reportó que la noche de los hechos otro integrante del grupo criminal, “el Indio”, dijo que “no eran estudiantes, que eran Rojos que iban uniformados”.
Así también, en su declaración, el testigo protegido “Juan” señaló que Jesús N “el Güero Mugres” dio la orden de matar “a los que entraron a Iguala en las camionetas”, pues otro más “el Tilo” dijo que “eran contras y se habían revuelto con los estudiantes”.
En el reporte, con base a la nueva información, se señala que la “testigo protegida ‘Karla’, hace mención que se le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes ya que se creía que entre ellos venían personas de los Rojos”.
Los estudiantes del camión 1568
De acuerdo con la relatoría de los hechos, alrededor de 20 estudiantes fueron amagados y tirados en el piso por policías. Alrededor de las 22:30 horas los normalistas fueron asegurados en Juan N. Álvarez y trasladados por la Policía de Iguala a su comandancia. “Se desconoce porqué solamente a los estudiantes que iban a bordo del camión 1568 fueron asegurados”, señala el informe.
El “A1” y la orden
Entre las 22:45 y 23:00 horas de la noche del 26 de septiembre, se ordena incrementar la violencia contra los estudiantes tras una comunicación entre operativos y mandos de Guerreros Unidos. Según el informe de la Comisión de Ayotzinapa, esta orden pudo darse luego de que Guerreros Unidos considerara que la presencia de los jóvenes era en realidad una filtración del grupo Los Rojos y ante la posibilidad de “perder la plaza”.
De acuerdo con el informe, la orden de desaparecer a los 43 jóvenes de Ayotzinapa vino del “A1”, idetificación dada a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, Guerrero. “Mátalos a todos, Iguala es mío”, “me chingan a todos a discreción”, habría ordenado el alcalde. En el reporte se señala que “A1” también dio la orden de recuperar “la mercancía”.
De acuerdo con equipos intervenidos, se registraron intentos de comunicación de integrantes de grupos delictivos con José Luis Abarca a partir del 17 de octubre.
Durante el gobierno de Abarca, de acuerdo con el reporte, se presentaron otros hechos delictivos como la desaparición y homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, el 3 de junio de 2013, lo que motivó la movilización de normalistas, por lo que fueron amenazados por el alcalde y miembros de Guerreros Unidos; enfrentamientos entre este grupo y “Los Rojos” por la disputa de la plaza, y el decomiso de 107 kilogramos de heroína por la entonces Procuraduría General de la República, el 10 de julio de 2014, del que solo se entregaron 24 de ellos.
El militar infiltrado
Julio César López Patolzin es una pieza clave en la desaparición de los 43 jóvenes. El soldado de infantería había sido infiltrado por la Secretaría de la Defensa Nacional dos años antes de los hechos de septiembre de 2014.
Su labor consistía en informar sobre lo que sucedía en las asambleas de la escuela normal, sobre las marchas o mítines que realizaban los estudiantes, así como detectar vínculos de los jóvenes con grupos subversivos o del crimen organizado o todo aquel movimiento que pudiera poner en riesgo la “seguridad nacional”.
Este militar desapareció junto a los normalistas. El último reporte que entregó fue el 26 de septiembre a las 10:00 horas.
A pesar de que se supo de su desaparición, desde el Ejército no se efectuó ninguna labor para su búsqueda, ello a pesar de que hay un “protocolo para militares desaparecidos” que obliga a mandos a efectuar tareas de rescate de su personal militar.
“De haberse aplicado (el protocolo), hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, explicó Alejandro Encinas el 18 de agosto pasado.
Detenidos, liberados, prófugos… Y otros 35 nuevos involucrados
Al tener acceso a 467 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp se pudieron reconstruir 37 conversaciones realizadas entres 36 actores diferentes y se hace referencia a “otros 35 personajes involucrados en el caso”.
“El análisis de los mensajes recibidos abre nuevas líneas de investigación, facilita el rompimiento del pacto de silencio y permite ratificar la corresponsabilidad de diversos actores que participaron en la desaparición de los estudiantes”, señala el documento.
El juez primero de distrito de procesos penales de Tamaulipas, Samuel Ventura, ha sido criticado y atacado por la absolución que ha realizado de diversos implicados en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el informe de la Comisión de Caso Ayotzinapa, el juez liberó a 77 presuntos responsables de desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades.
Recientemente se le acusó de absolver a 24 imputados por el caso de la desaparición de los jóvenes , motivo por el que incluso el gobierno federal informó que presentaría una denuncia penal y una queja en el Consejo de la Judicatura Federal.
También se le señala por restar valor a pruebas que se han obtenido por cooperación internacional, entre ellas, unas escuchas que realizó la DEA.
A la fecha se contabilizan 28 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación, dispersas en siete estados: 10 en Tamaulipas, cinco en el Estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en la Ciudad de México, una en Colima, una en Morelos y una en Querétaro, no obstante se señala que la “falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia”.
Además del juez Ventura, se enumeran a otros jueces de los que se cuestiona su actuar, como Enrique Beltrán Santes, José Álvaro Vargas Ornelas, César Chávez Souverbille, Gabriel Domínguez Barrios, Óscar Alejandro López Cruz, entre otros.
Al Juez Beltrán Santes se le señala por su descontento para permitir la comparecencia de testigos con reserva de identidad. El juzgador, según refiere el informe se ha negado a aceptar que en las diligencias se distorsione voz e imagen de los testigos.
Al juez José Álvaro Vargas Ornelas se le menciona porque se “niega a conocer los asuntos que se le presentan”, aludiendo que no tiene competencia territorial.
Al juez César Chávez Souverbille porque “no acepta que el delito de tortura actualiza la competencia federal”.
Al juez Gabriel Domínguez Barrios por haber liberado a Marco Antonio “N” tras el pago de una fianza de 10,000 pesos quien había sido deportado de Estados Unidos y detenido en la frontera.
A Óscar Alejandro López Cruz porque considera que la desaparición forzada es un delito que prescribe.
Las muertes de vinculados al caso
Desde la desaparición de los 43 jóvenes, 26 personas involucradas a este caso han fallecido, ya sea por causas naturales, accidentes o ejecución: 14 eran miembros de Guerreros Unidos, tres familiares de integrantes de esa agrupación, dos integrantes del grupo criminal Gente Nueva y siete testigos o involucrados.
Entre los fallecidos están Benjamín Mondragón “El Benjamín”, presunto líder de Guerreros Unidos; Higinio Flores, buzo fallecido en labores de búsqueda; Miguel Jiménez, activista de “Los otros desaparecidos de Iguala”; Eduardo Joaquín Jaimes “El Chocky”, presunto sicario de Guerreros Unidos; Rey David Hernández, policía ministerial; Pablo Morrugares, testigo, entre otros.
Una de las muertes que destaca es la de Juan Salgado Guzmán, quien era líder de una facción de Guerreros Unidos, quien falleció durante un operativo que se implementó para su detención. Hubo un enfrentamiento, pero cuando éste se encontraba herido y sometido, “se dio la orden de tirar”, se señala en el documento.
Todos los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 desaparecieron la noche del 26 de septiembre y aunque la llamada “verdad histórica” refería que fueron ejecutados, y quemados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el Río San Juan, en realidad, los normalistas no estuvieron juntos tras ser capturados.De acuerdo al Informe, un grupo de estudiantes fue asegurado por la policía de Iguala y llevado a la Loma Coyotes, mientras que otro grupo fue asegurado por la policía de Huitzuco y trasladados a ese municipio.
Los estudiantes del camión 1568 fueron sustraídos de la comandancia de Iguala por policías municipales de Iguala y Cocula. Posteriormente fueron entregados a miembros de Guerreros Unidos.
La instrucción inicial era “quemarlos a todos juntos”, pero al ser muchos, decidieron dividirlos, se relata en el informe.
A través del análisis de las comunicaciones realizadas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que abarcó 206,000 registros y 116 números, se encontró que “en ningún momento los normalistas establecieron comunicación con algún elemento de seguridad pública ni con números identificados con miembros de Guerreros Unidos, y que no existe evidencia técnica, basada en la información disponible, que respalde que los estudiantes estuvieron juntos en algún momento”.
Tortura
Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes ( GIEI) determinó que el 77% de 80 personas que habían sido detenidas presentaban algún tipo de tortura. “En las investigaciones del Caso Ayotzinapa, se generó una narrativa a conveniencia fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas -los estudiantes-, fueron revictimizadas y estigmatizadas”, dice el informe.El documento señala que los interrogatorios se realizaron mediante tortura, por lo menos de “El Chereje” y “El Pato”. Asimismo, en la cronología, también se menciona que Julio César Mondragón fue uno de los estudiantes que corrió a refugiarse después de un ataque en una conferencia de prensa, y alguno de sus compañeros escuchó su sometimiento. “Su cadáver fue encontrado a la mañana siguiente en la Ciudad Industrial, cerca de las instalaciones del C-4, con evidentes signos de tortura”, detalla el documento.
Con la nueva información, se identificó al sicario Eduardo N, alias “El Chucky”, como el que mata y tortura al estudiante Julio César Mondragón, “incluso sin tener instrucciones de sus superiores”.
Celulares de los estudiantes
Los jóvenes fueron despojados de sus celulares, por lo que esa no fue una herramienta que contribuyera a dar con su paradero. Sus aparatos de comunicación incluso fueron utilizados días después con otro chip, como el de Julio César Mondragón, que siguió en uso después del 30 de septiembre de 2014.
Entre los reportes que la SEIDO no había compartido, se encontró que el equipo presentó actividad con otro número, con el que se identificaron comunicaciones de un integrante de Guerrero Unidos, Gabriel N “la Gaby” con un soldado el 6 y 15 de octubre de 2014.
El 30 de septiembre del 2014, la Sedena registró una denuncia ciudadana anónima a través del número 089, en las que se menciona que a los estudiantes los tenían “adentro de una bodega” en Pueblo Viejo, entrando a la colonia Guadalupe.
Seis de los 43 estudiantes permanecieron con vida hasta cuatro días después de los hechos del 26 de septiembre, retenidos en “la bodega vieja”.
De acuerdo con lo asegurado por Encinas, el comandante del Batallón de Iguala, José Rodríguez, ordenó su muerte. El 30 de septiembre comentó que se encargaría de “limpiar todo” y que ellos se encargarían de los seis estudiantes que habían quedado vivos. Este militar se encuentra preso actualmente.
Reunión de Abarca con “los asesores de México”
El informe actual plantea que en días posteriores a los hechos, hubo una reunión con Abarca y los “asesores de México” para que ellos pudieran limpiar. “Van a borrar evidencia… y los van a mover para que no los allen (sic)”, “los licenciados y la gente de México ya tiene todo el circo armado”, “Tomás Zerón era el que andaba mandado limpiar todo el caso de los chicharrones” y “andaban limpiando todo”, son algunas de las frases localizadas al respecto.
En la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, también se mencionó una reunión con altos funcionarios. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exfuncionario, hoy en proceso, celebró “cónclaves” con altos mandos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal, entre ellos el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch , quien en ese entonces era comisionado de la corporación policíaca en Guerrero.
No hay indicios de vida
Si bien aún no se tiene claridad sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una de las conclusiones a las que ha llegado la comisión especial para el caso es que ninguno de los normalistas está con vida.
“Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, afirmó Alejandro Encinas el agosto pasado.
Ariadna Ortega y Lidia Arista/ Expansión Política