El pasado 10 de octubre, el Gobierno mexicano interpuso una nueva demanda sobre armas de fuego en Estados Unidos, esta vez contra cinco tiendas y distribuidores estadounidenses a los que responsabiliza del flujo de armas ilegales hacia México.
La primera demanda, que fue desestimada recientemente, se enfocaba en los fabricantes estadounidenses de armas de fuego. La segunda, que según el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se presentó el lunes en una corte federal de Arizona, está enfocada en los vendedores de armas.
“Los estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, declaró Ebrard.
El Canciller había prometido la semana pasada que la nueva demanda se enfocaría en las tiendas o distribuidores de armas de fuego en los estados limítrofes con México que venden armas a prestanombres, que a su vez las facilitan a los traficantes, quienes las traen a territorio mexicano.
México está demandando por daños y perjuicios no especificados y para exigir que las armerías contraten a observadores independientes con el fin de asegurarse de que las leyes federales de Estados Unidos se cumplan en la compra de armas.
El Gobierno mexicano calcula que el 70 por ciento de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos, según la SRE. Señaló que, tan sólo en 2019, al menos 17 mil homicidios en México estaban relacionados con armas traficadas.