El nuevo subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, fue alertado entre abril y mayo de 2022, cuando encabezaba la Guardia Nacional, sobre la crisis en el sistema carcelario de Chihuahua y la amenaza de un posible rescate violento de reos en el penal de Ciudad Juárez.
Tres oficios del Gobierno de Chihuahua, obtenidos por Guacamaya Leaks, y de los cuales al menos dos fueron dirigidos al General Rodríguez Bucio, evidencian que la Federación sabía de las condiciones precarias de los penales estatales y la necesidad de trasladar a reos peligrosos, antes de que ocurriera la fuga del pasado 1 de enero.
Los tres documentos fueron firmados por Luis Alfonso Harris, ex director general del sistema penitenciario estatal, quien fue cesado el 11 de enero, tras la fuga violenta de 30 reos del Centro de Readaptación Social Número 3 en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 17 muertos.
El 1 de abril de 2022, Harris envió el Oficio FGEPYRS/1756/2022 al Comisionado del Órgano de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad federal, José Ángel Ávila, mediante el cual realizó una solicitud “extra urgente” para trasladar a casi 300 reos a penales federales.
Harris proporcionó información específica sobre cada uno de esos internos, como grupo delictivo, delitos y situación procesal, y reportó que implicaban un riesgo para la integridad física y la gobernabilidad de los penales de Chihuahua, de acuerdo con los documentos de Guacamaya Leaks.
Alertó que los centros penitenciarios contaban con un deficiente estado de fuerza operativo en relación con la población penitenciaria, al grado de que había un custodio hasta por 65 internos.
“Presentan problemas con la figura de autoridad, buscando burlar la seguridad del centro penitenciario en el que se encuentran y así poder ingresar objetos y sustancias prohibidas. Además, han sido identificados líderes de grupos criminales y/o pandillas”, detalló.
El 8 de abril, Harris envió al General Rodríguez Bucio un oficio en seguimiento a otro fechado el 6 de abril, mediante el cual hizo una solicitud “extra urgente” para trasladar del Cereso Número 1 del estado a un penal federal, al reo Antonio Leonel Camacho Mendoza, “El 300” y/o “Bin Laden” o “El Chato”.
Ahí le notificó al ahora subsecretario que, de acuerdo con información de las áreas de inteligencia, se recibieron amenazas por parte del Cártel de Sinaloa, al que pertenece “El Chato”, para sustraerlo del penal.
“Se ha identificado la presencia de procesados y sentenciados que mantienen vínculos con organizaciones de la delincuencia como el Cártel de Sinaloa, La Empresa, Aztecas, Mexicles, La Línea, Los Paisas, Sureños y Artistas Asesinos”, reportaron al General.
En la lista figuran varios internos que se fugaron del Cereso de Ciudad Juárez, como David Francisco Ríos Emiliano, de la banda “Los Mexicles”, considerado de capacidad criminal alta y un índice de estado peligroso alto.
También está José Osvaldo Espinoza Navarro, “El Pecas”, del mismo grupo delictivo, quien está acusado de homicidio calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Este interno considerado de alto riesgo ya fue recapturado.
Otro incluido es Ernesto Piñón De la Cruz, alias “El Neto”, líder delictivo que logró fugarse, pero fue abatido el 5 de enero en Ciudad Juárez en un enfrentamiento con policías, al cual se le menciona como cabeza de una banda de secuestradores.
“Su permanencia en los Centros Penitenciarios de esta entidad implica un riesgo para la seguridad física de los mismos y, por ende, se ve vulnerada la paz, seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios del Estado de Chihuahua”, se lee en el oficio.
“Lo anterior, atendiendo a los diversos trabajos de inteligencia que al respecto se han hecho, representando un riesgo inminente no sólo para la seguridad pública y seguridad ciudadana, sino para la integridad de miembros de corporaciones policiacas, acreditando que requieren medidas especiales de seguridad, lo que se fortalece con documentos”.
En el oficio, la autoridad estatal también advirtió a la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana que había un riesgo latente de enfrentamientos y/o agresiones al interior y exterior de los centros penitenciarios estatales, por la presencia de grupos delictivos antagónicos y el incremento de incidentes violentos.
“Estas pandillas o grupos delictivos (al interior de los penales) son sinónimo de violencia, toda vez que son los principales perpetradores de delitos de alto impacto. Se han presentado una serie de incidentes que van en contra de la norma reglamentaria”, agrega.