La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien ordenó suspender la distribución de los libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar a los estudiantes de nivel básico en Chihuahua.
La Consejería señaló que la resolución viola los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pues recordó que el artículo tercero señala que todas las personas tienen derecho a la educación.
“Ante la improcedente solicitud de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al promover una controversia constitucional en contra de la distribución de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, el ministro Aguilar Morales debió negar la medida cautelar, porque el propio Gobierno de Chihuahua confiesa que los libros de texto ya están en posesión de las autoridades educativas de la entidad y, por tanto, deben distribuirlos”, mencionó la Consejería en un comunicado.
Además, consideró “lamentable” que un ministro actúe en contra de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como la educación y el interés superior de los menores, pues, dijo, impide que los estudiantes cuenten con los instrumentos educativos necesarios para su formación académica hasta que la SCJN dicte la sentencia respectiva.
“(Esto puede) ocasionar un retraso en el proceso de aprendizaje de los menores que no se repararía en modo alguno”, afirmó.
Por lo anterior, solicitó a los ministros de la SCJN ordenar la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en el estado.
“También es responsabilidad de padres, madres de familia y tutores afectados por esta lamentable situación defender el derecho a la educación de sus hijas, hijos o pupilos, ante las autoridades competentes para que se entreguen oportunamente los libros de texto gratuitos, necesarios para el desarrollo educativo de la infancia del estado de Chihuahua”, finalizó.
Hace casi dos semanas, la Consejería Jurídica de Chihuahua promovió una controversia constitucional en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues reclamó posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de libros de texto gratuitos.