LOS ÁNGELES – Esta tarde está programada una audiencia de acusación formal para el último inculpado al que se arrestó en virtud de la determinación de un jurado de acusación federal, que alega la existencia de un plan para ingresar fentanilo, metanfetaminas y heroína por contrabando desde México a Estados Unidos. Estos narcóticos habrían sido introducidos en extintores de incendios y ocultos en cargamentos de chatarra.
La organización de narcotráfico utilizó camiones con acoplado para importar extintores rellenos con drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, según surge de documentos judiciales. Durante la investigación, que se extendió por dos años y recibió el nombre de Operación “Smoke Jumpers”, las autoridades realizaron 13 incautaciones en las que se obtuvieron cerca de 680.992 píldoras de fentanilo, 3 kilogramos de polvo de fentanilo, 17 kilogramos de heroína y 10.418 píldoras que contenían metanfetaminas.
Nueve acusados fueron arrestados durante operativos policiales que comenzaron el 8 de febrero y continuaron durante el día lunes. Un acusado ya se encontraba bajo custodia de las autoridades estatales. Hay otros siete acusados que están prófugos y se cree que se encuentran en México.
“Estos acusados usaron una red sofisticada para el contrabando de grandes cantidades de fentanilo a nuestro país”, señaló el fiscal federal Martin Estrada. “Sabemos que cada píldora de fentanilo puede ser letal, pero a estos acusados no les importaba la destrucción generalizada que estaban causando. Nuestra institución seguirá trabajando de manera inteligente y enérgica para llevar ante la justicia a organizaciones internacionales de narcotráfico”.
“La autoridades de aplicación de la ley siguen estando a la altura de los desafíos que plantean las organizaciones de narcotráfico cuyos miembros siempre encuentran nuevas formas de ocultar las sustancias venenosas que importan de México a ciudades y pueblos en Estados Unidos”, expresó Amir Ehsaei, director adjunto interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles. “El FBI y nuestros socios en el Equipo Especial están buscando a siete fugitivos en relación con este caso y piden que toda persona que tenga información sobre su paradero se ponga en contacto con el FBI”.
La imputación formal, que consta de 15 cargos, se publicó el 8 de febrero y acusa a varias personas de cargos de tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero. Los nueve acusados que fueron arrestados son:
Oscar Ahumada Leyva, de 43 años, de México;
Miguel Antonio Rabago Valenzuela, de 42 años, de México;
Gustavo Rivero Rodríguez, de 39 años, de México;
Carlos Espinoza, de 38 años, de Alhambra;
Erick Roque Ángeles, de 39 años, de Fontana;
David Sánchez Balderas, 26 años, de Denver;
Fernando Salgado, de 36 años, de Riverside;
Rocío Guadalupe Acevedo Tonche, de 32 años, de Ontario; y
Efren Quibrera Espinoza, de 29 años, de Cudahy.
Seis de los acusados quedaron bajo custodia en las regiones de Los Ángeles e Inland Empire. Cinco de esos acusados han sido imputados formalmente, se declararon no culpables y se dispuso su vinculación a juicio el 2 de abril. Está previsto que Erick Roque Ángeles sea imputado formalmente en el Tribunal Federal de Distrito en Los Ángeles hoy más tarde. Un décimo acusado —Toniel Báez-Duarte, de 33 años, oriundo de Apple Valley— ya se encontraba bajo custodia de las autoridades estatales.
Conforme a una orden que autoriza a examinar un teléfono incautado cuando Carlos Espinoza fue arrestado la semana pasada, la investigación se centró en Carin Trucking, una organización perteneciente a Leyva y con sede en San Diego que operaba al menos seis camiones con acoplado que ingresaban habitualmente a Estados Unidos desde México para llevar a cabo la entrega de presuntos narcóticos en el área de Los Ángeles. Las drogas, que incluían píldoras falsificadas conteniendo fentanilo se encontraban ocultas en extintores inicialmente disimulados como de chatarra y, posteriormente, en extintores que simulaban ser legítimos, según indica la orden de registro presentada el lunes.
“Los investigadores han observado múltiples transacciones de drogas que involucran a conductores de camiones y sus camiones con acoplado”, según indica una declaración jurada en apoyo a la orden de registro. “El conductor del camión conducía a Estados Unidos desde México y cruzaba la frontera, generalmente llevando una carga de chatarra, pero oculto entre la chatarra se encontraba un extintor que contenía drogas. El conductor del camión se dirigía entonces a Los Ángeles para reunirse con un mensajero, quien recogería los extintores cargados con drogas para su ulterior distribución”.
En el documento de acusación formal se exponen señalamientos de que un inculpado ha cometido un delito. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
La acusación alega dos cargos de conspiración relacionada con narcóticos y 12 delitos de tenencia de drogas, para cada uno de los cuales se prevé una pena mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y posible pena perpetua. El cargo 15, que alega la existencia de una conspiración con fines de lavado de dinero, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
La Operación Smoke Jumpers fue dirigida por el Equipo Especial del FBI en Los Ángeles, que es parte de una Iniciativa de Equipos Especiales de los Grupos Operativos contra las Drogas y la Criminalidad Organizada (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces, OCDETF) y prevé el establecimiento de grupos operativos permanentes de carácter interinstitucional que trabajan codo a codo en el mismo lugar. Este modelo de ubicación compartida permite que agentes de diferentes organismos colaboren en operaciones en múltiples jurisdicciones basadas en datos de inteligencia para interceptar y desarticular a los traficantes de drogas, responsables de lavado de dinero, bandas y organizaciones delictivas transnacionales más importantes.
Además del FBI, participaron en la investigación la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., el Departamento de Policía de South Gate, el sector de Investigación Penal del IRS e Investigaciones de Seguridad Nacional.
La Administración para el Control de Drogas, la Patrulla de Carreteras de California, el Departamento de Policía de Pasadena, el Equipo Regional Interior de Control de Narcóticos del Departamento de Alguaciles del Condado de San Bernardino, el Departamento de Policía de Alhambra, el Departamento de Policía de Rialto y el Departamento de Policía de Fontana proporcionaron asistencia fundamental.
Los fiscales federales auxiliares Christopher C. Kendall y Jehan Pernas de la Sección de Narcóticos Internacionales, Lavado de Dinero y Extorsión impulsan la acción penal en esta causa.