En el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue presentado el libro Análisis de resoluciones relevantes del Órgano Garante de Transparencia del Estado.
El doctor Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco fue uno de los 10 autores de este material, que está compuesto de 10 ensayos académicos que analizan la importancia de resoluciones aprobadas por el pleno de este Instituto en los últimos tres años, de 2020 a 2022, y sobre diferentes temáticas.
“Los organismos de transparencia locales, como el Instituto Chihuahuense de Transparencia, tenemos la obligación de tutelar los derechos humanos de las personas que viven en las entidades federativas en que estamos, relacionados con la información pública y con los datos personales en posesión de las autoridades. Pero eso abre la puerta para un sinnúmero de conflictos entre sociedad o ciudadanos y autoridades».
Entre los conflictos, destacan aquellos derivados de la reserva de información pública, que es cuando las autoridades limitan, niegan, clasifican algún tipo de información que se les solicita y por las razones que ellos consideran pertinentes, pero que el ciudadano no está de acuerdo y acude ante el organismo garante local para que dirime (solucione) esa controversia.
Otro casos es cuando las autoridades niegan la existencia misma de la información, que no la clasifican o cuando el ciudadano ingresa a los portales de transparencia en búsqueda de información que en teoría debería estar ahí y no la encuentra y acude al organismo garante local para denunciar esta falta de publicación de información, mencionó Romero Espinosa.
“Todo eso tiene que ver por el lado del derecho humano a la información. Pero también hay otro aspecto, que es el derecho humano a la protección de datos personales, que es cuando el ciudadano trata de ejercer alguno de sus derechos vinculados con la protección de sus datos personales de los cuatro o cinco derechos que reconocen las leyes en la materia y el gobierno no se los concede. Ahí es donde otra vez entra el organismo garante local, por ejemplo, el acceso a datos personales, acceso a expedientes clínicos, corrección de datos personales, como cuando fue todo el tema de la vacunación que salían los certificados con error en el nombre, se ejercía este derecho de rectificación”.
La oposición a la publicación de datos personales, que se dejen de difundir o que se borren de los documentos que se expiden, hay una resolución en este libro sobre ese tema.
“Es decir, son algunos de los ejemplos de las controversias más comunes que hay entre sociedad y gobierno y que les toca a los órganos garantes conocer y resolver”.
¿Para quienes va dirigido este libro?
Va dirigido a toda la sociedad, porque son sus derechos humanos y está en condiciones de conocer estos criterios relevantes, respondió el doctor Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco.
“Pero ya aterrizándolo creo que periodistas podrían ser de los más beneficiados porque son consumidores ávidos de información pública para sus investigaciones y es de suma importancia que conozcan cuáles son los criterios vigentes, por supuesto también para el sector académico que hace investigaciones y que están viendo cómo se están dirimiendo controversias y sobre todo con qué argumentación jurídica. El sector académico, abogados, politólogos, administradores públicos”.
Agrega que también va dirigido a los servidores públicos del Estado porque tienen que saber cómo está resolviendo el órgano garante local, para evitar incurrir en un criterio que ya está superado, porque de alguna forma, si lo hacen, estarían violentando el derecho humano.
A esta presentación fueron convocados estudiantes de Derecho de esta casa de estudios.
Estuvieron presentes en el evento el maestro Alejandro de la Rocha Montiel, comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAP); el maestro Ricardo Alonso Vázquez Santiesteban, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; la maestra Amelia Lucía Martínez Portillo, comisionada presidenta del ICHITAP; la licenciada Diana Cortez Escareño, asesora técnica de la representación del Estado en Ciudad Juárez y El doctor Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco.